La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer un arancel del 25% a las exportaciones de México representa un riesgo significativo para la estabilidad económica de nuestro país, afectando de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la base de la generación de empleo y del desarrollo regional.

Más allá del impacto en las grandes industrias exportadoras, esta medida amenaza con desestabilizar toda la cadena productiva, golpeando a proveedores, distribuidores y negocios locales que dependen del comercio exterior.

El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada respalda los esfuerzos del gobierno federal por defender la soberanía económica del país y buscar alternativas diplomáticas, pero es fundamental que se prevean desde ahora medidas de apoyo para las empresas que enfrentarán una contracción en sus ingresos. No se puede permitir que el peso de esta decisión recaiga únicamente sobre los sectores productivos.

Es imprescindible que el gobierno tome en cuenta la voz del sector empresarial en todos sus niveles al definir estrategias de mitigación, asegurando que las decisiones sean consensuadas y respondan a las necesidades reales de quienes generan empleo en México.

La incertidumbre derivada de estos aranceles afecta la competitividad de sectores estratégicos, generando inestabilidad en las cadenas de suministro y comprometiendo inversiones en curso. La relocalización de empresas, que hasta ahora ha sido una oportunidad con el fenómeno del nearshoring, podría frenarse si no se toman medidas adecuadas para garantizar certeza y estabilidad a los inversionistas.

Además, es necesario prever los posibles efectos en la baja de ventas, la reducción de pedidos y, en casos extremos, el cierre o la relocalización de empresas mexicanas. Esto no solo afectaría a los empresarios, sino también a miles de trabajadores y sus familias. El impacto de esta medida debe enfrentarse con unidad y estrategia.

El gobierno debe establecer con anticipación mecanismos de respaldo a las empresas que resulten afectadas, garantizando que la carga no recaiga desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables. Es el momento de fortalecer políticas públicas que protejan a la cadena productiva y aseguren su continuidad operativa.

El sector empresarial ha sido un pilar del desarrollo de México y debe ser un actor clave en la toma de decisiones para enfrentar esta crisis. Es momento de consolidar un trabajo conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada para minimizar el impacto en la productividad, en la liquidez de las empresas y en la conservación de empleos.

La economía de México ha demostrado su resiliencia en situaciones difíciles, pero esta fortaleza solo se podrá mantener si hay una estrategia clara y coordinada que permita sortear los efectos negativos de esta medida.

Hacemos un llamado a la unidad de todos los sectores productivos y sociales para enfrentar este desafío con firmeza y responsabilidad. México tiene la capacidad de superar esta adversidad, pero requiere de acciones concretas que protejan a su sector productivo y mantengan su competitividad en el escenario internacional.

La estabilidad del país no debe quedar a merced de decisiones unilaterales, sino fortalecida por la colaboración y la visión estratégica de quienes participan en su desarrollo.