El Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo del Municipio de Ensenada a punto de ser puesto a consideración para una consulta pública para su aprobación, ha encendido las alertas de empresarios ya que el mismo establece enormes extensiones de conservación y elimina terrenos para el desarrollo económico, urbano, turístico y agropecuario en la región.

Actualmente en proceso de revisión, el proyecto fue elaborado por académicos de ciencias de la Universidad Autónoma de Baja junto con el Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación de Ensenada.

Julio Salinas López, Presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada (CONSULTEN) precisó que tras revisar el documento en proceso, se tienen ya numerosas interrogantes respecto al desarrollo económico, ya que los planteamientos de los académicos eliminan espacios para promover inversión y generan grandes extensiones para la conservación en las denominadas Unidades de Gestión Ambiental (UGA).

“El programa trata de establecer la caracterización y las políticas de aprovechamiento del territorio desde el punto de vista ambiental sin embargo el tema está en que los procedimientos, aunque sí se han llevado a cabo, empezaron mal”

Explicó que el programa tiene que ver con la Ley General de Ordenamiento Ecológico Federal, donde se establece que debe haber una serie de procesos para poder llevarlo a cabo de ahí que el Gobierno del Estado firmó un convenio en los municipios para que la SEMARNAT les diera la competencia para generar este documento en junio del 2023.

Conforme a ello, el gobierno municipal, a través del Instituto Municipal de Planeación, le dieron los recursos a la Universidad Autónoma de Baja California para que le llevara a cabo este documento y se asignó un Comité Técnico liderado por académicos reconocidos de Ciencias de la UABC.

Sin embargo en el documento actualmente en revisión hacen el diagnóstico y propuestas, que todavía no están aprobadas, pero se deben advertir que muchos de estos lineamientos que se proponen, podrían tener un efecto negativo para el desarrollo económico de Ensenada porque en los mapas que han desarrollado se prohibiría que se establezca la industria en la ciudad, en áreas con potencial de desarrollo como la llamada zona norte de Ensenada que incluyen La Misión, Santa Rosa o El Tigre.

Otro de los problemas explicó Salinas López es que hasta ahora no han entrevistado a los propietarios o posesionarios de estos territorios y a todos los que serían realmente impactados. De hecho es posible que los afectados no sepan que alguien más está decidiendo sobre los predios que ellos buscaban desarrollar.

Es probable que los investigadores se hayan basado en que se enterarán y podrían opinar en las Consultas Públicas que deberán realizarse previo a su aprobación en medios impresos, digitales o en las plataformas que se definan.

Sin embargo, “la preocupación central es que se siga haciendo política ambiental sin tener en cuenta el desarrollo urbano, sin tener en cuenta las implicaciones que se tienen para la inversión pública y la inversión privada”.

También tiene que ver con todas las vocaciones y actividades productivas que ya se tienen en estas regiones y que todo apunta que estarán afectadas por esta política ambiental.

No es solo industria, sino agricultura, ganadería, pesca, las actividades primarias, algunas minerías, explotación de piedra, turismo, todas ellas.

“Nos queda claro que el desarrollo debe estar contenido y respetar el entorno pero antes debe haber un análisis más detallado del documento, en el que participen quienes directamente se verán afectados, porque el riesgo es que se llegue a hacer una consulta pública sin casi participación y que finalmente se apruebe y entonces nacería un proyecto que inhibiría el desarrollo y como otros, terminaría en litigios o para que lo revisen magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Por ahora lo que se conoce del documento afecta a quienes tienen proyectos de desarrollo en sus tierras, a los que ya están establecidos y propietarios privados o ejidales con grandes extensiones de tierra en el municipio de Ensenada, que de aprobarse, tendrían que buscar procesos legales para hacer modificaciones ya que este estudio no considera a quienes buscan desarrollar sus tierras.

“Si tienes montaña, tienes cuencas, pues obviamente se van a tratar de conservarlas se tendrá un manejo y una política ambiental pero no se puede impedir el desarrollo en aras de la conservación como único uso de un suelo, lo dice la Constitución Política y eso significa un derecho”

Explicó que el Programa de Ordenamiento Ecológico Participativo se refiere a las localidades en todo el municipio, que se van a ver afectadas, no solamente lo que está dentro del entorno urbano, hablando de la ciudad, sino los ejidos Esteban Cantú, Sánchez Taboada, Santa Rosa, El Porvenir Héroes de la Independencia, y las decenas de comunidades rurales y conurbadas del municipio de Ensenada.

Lo relevante es que en el programa ven el desarrollo como un problema y no como un requerimiento para que una región crezca y tenga bienestar al tiempo que combine la sustentabilidad.

Por ahora, los mapas y los planteamientos tienen que ver con la conservación sin desarrollo de ningún tipo y eso incluye ganadería o áreas agrícolas que desde hace décadas están impactadas.

Por ahora lo más importante es que antes de que el documento se convierta en un reglamento es importante que los afectados directamente puedan participar en las consultas públicas que lleguen a convocarse y se especifiquen los impactos que tendrían en el desarrollo económico de la región.