Con 198 mil 748 toneladas en 2020 de producción pesquera el 2020 y 10 mil 554 de acuacultura en 2022, Baja California se ubica entre los seis productores marinos más importantes de México, pero enfrenta en la actualidad un nuevo reto, extorsión y cobro de piso procedentes del crimen organizado en toda su cadena de valor.

Autoridades estatales, cabezas empresariales y una legisladora, explicaron un fenómeno que va en crecimiento en la entidad donde la inseguridad para producir y pescar, se suman inconsistencias legales entre los que deberían atender y perseguir a quienes amenazan este sector primario.

El pasado 12 de febrero el fiscal central Rafael Orozco Vargas confirmó la existencia de esta problemática, sin embargo, no existen denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, situación que de acuerdo a productores pesqueros tiene que ver directamente con el temor a que una denuncia pueda filtrarse y lejos de resolverse empeore explicó Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California.

Al respecto, una alternativa podría ser que la extorsión y cobro de piso al que se alude podría derivar en una prisión preventiva oficiosa, aunque por ahora una iniciativa sería precedida por una mesa de trabajo con el sector pesquero y legisladores apuntó la Diputada Lizbeth Mata Lozano.

Todos lo sabemos pero nadie denuncia

El Fiscal Central del Estado, Rafael Orozco Vargas dijo el 12 de febrero: “Sí sabemos que tenemos un problema, una problemática del tema de explotación de productos pesqueros. Sabemos lamentablemente, no oficialmente porque denuncias como tal ante la autoridad, no contamos con ellas, pero sí sabemos, no somos ciegos, estamos atentos lo que pasa en la ciudadanía aunque no haya denuncias. Y sabemos que hay actividades donde se involucran a sectores pesqueros y negocios a los que el crimen organizado les cobra por trabajar su permiso de pesca y que a su vez obligan a que ese producto se venda a ciertas personas e incluso que a los restaurantes los obligan a que compren el producto a ciertas personas”.

Agregó: “ investigamos lo que tenemos a la mano en lo que es nuestra competencia, comentada hace unos momentos que sí se requiera hacer operativos en donde se está suscitando este problema que es desde el momento en que se extrae el producto del mar, es ahí donde los mismos productores de pesca se preocupan porque ni siquiera pueden hacer uso normal de su permiso”.

“Lamentablemente, esos temas no son de competencia de la Fiscalía General del Estado. Hemos hecho algunos operativos en compañía de Guardia Nacional o de Marina para acudir a los sitios donde zarpan estas embarcaciones para hacer revisiones. Sin embargo, no contamos con esas facultades”.

Si requerimos que esas denuncias se hagan ante la autoridad competente que tenga facultades legales para incidir en esa situación que sería FGR. Nosotros en el ámbito de lo que nos corresponde, ya cuando existe un homicidio independientemente de la razón por la que haya sido, tenemos que investigar el homicidio como tal. Sin embargo, las facultades de fiscalía del Estado no llegan hasta el punto de incidir en quién está ejerciendo los permisos de pesca.

Probablemente haya hecho denuncias, pero si las hizo o si las tiene FGR, pues no las habría hecho con nosotros no es competencia nuestra, pero recordó: “La Fiscalía actualmente cuenta con todas las herramientas como denuncia telefónica, denuncia por medio de internet, videollamada, denuncia anónima para que nos hagan conocimiento de esa amenaza que puedan estar teniendo o ese intento de extorsión. Porque cuando nosotros nos dicen, es que había sido amenazado o había sido extorsionado, ya nos dan de un hecho pasado, pero no dan información previa a sucedido el hecho. Entonces para poder actuar tenemos que tener conocimiento”.

Atribuciones superpuestas

Por su parte Minerva Pérez Castro, Presidenta de la CANAINPESCA en Baja California confirmó que la extorsión al sector pesquero es una realidad desde los campos pesqueros, el transporte de productos de la pesca, incluso en los restaurantes y los distribuidores de productos marinos.

Sin embargo apuntó “que tengan los elementos que piden las autoridades, que son denuncias y casi quieren que les lleven al maleante de la mano y aun así, luego dicen que tiene que ser en flagrancia lo hace prácticamente imposible”.

“El sector pesquero al no ver ninguna protección o ninguna opción al hacer denuncias a la autoridad ha preferido auto protegerse o en algunos casos con la pena, han tenido que pactar por la seguridad de ellos mismos y de sus familias. Y eso es una realidad y no podemos negarlo”.

El riesgo de una denuncia no es poco -agregó- por la desconfianza hacia la misma autoridad y el uso que se pueda hacer de sus datos o la información que proporcione.

Esta desconfianza en las autoridades civiles, ha hecho que se intenten apoyar con la Secretaría de Marina, se han tenido reuniones con ellos pero hay otro problema en torno a las atribuciones que tienen las autoridades para actuar.

“Desgraciadamente, tenemos un problema y una indefinición. Hace tres años, el presidente dijo, que Conapesca ya no se haría cargo de la pesca ilegal y de todas las cuestiones ilegales en el mapa sino la Secretaría de Marina. Eso fue hace tres años y desde entonces, la CONAPESCA aunque no ha dejado de tener las facultades, argumenta que el Presidente dijo que ya no”.

Agregó “En ese punto tampoco la Secretaría de Marina ha recibido las facultades legalmente y eso ha creado una ventana de oportunidad para los ilegales mientras se mantiene la indefinición.

Se ha hablado con Diputados y Senadores para que apuren la transición de la CONAPESCA a la Marina para que tome las funciones y tenga legalmente el poder de levantar actas, de hacer detenciones y todo lo que conlleva pero no avanza con la urgencia requerida.

“Ahorita la Marina no actúa sola, tienen un procedimiento en el que están trabajando con los oficiales de la Conapesca para que les enseñen la operación. Sin embargo, no salen solos. Entonces, la inteligencia tiene muchas fugas todavía de información”.

Por otra parte la pesca ilegal que se tenía en la región se ha vuelto más agresiva, derivado de las lagunas que tiene la ley y la ausencia de vigilancia.

"Antes se podría decir que los pescadores ilegales, sacaban poco producto y lo hacían en parte para autoconsumo. Ya no".

‘Los pescadores ilegales andan en pangas enormes con la alzada levantada, con motores de 200 caballos, traen armas y cualquier interacción puede resultar peligrosa, a eso se suma que esta ventana que se dio, fue un caldo de cultivo, porque al final de cuentas, un delito nunca se queda en la primera etapa, va creciendo; primero fue pesca ilegal, después fue cobro de piso, después fue control de mercados, y así seguimos por lo que se hace necesario recobrar el marco legal de la pesca.

Un delito que se investigue de oficio

Respecto a este fenómeno que va en crecimiento en la región, la Diputada Federal Lizbeth Mata Lozano reconoció que la problemática en el sector pesquero forma parte de la inseguridad que los bajacalifornianos viven día con día.

“Está latente tanto que todos los ciudadanos sentimos miedo y en el caso del sector pesquero, el miedo es constante porque está sucediendo. Y es tanto miedo a lo que sucede como miedo a denunciar. Tenemos que brindarles las herramientas porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados, pero tampoco podemos exigir que denuncien bajo este esquema. Entonces, me parece válido que busquemos esquemas legislativos para protección al ciudadano en general”.

“Tendremos que analizar cuál es la vía si se pudiera, porque tiene que ver también con las autoridades de investigación, la fiscalía, en este caso federal o también local, pero tiene que ver con las facultades de la fiscalía y el tema de la denuncia o querella si es en un aspecto penal”

Agregó: “Cabe la posibilidad de hacer un análisis puntual. No podemos ahorita manifestar si pudiera ser por vía de oficio, o sea que no haya participación de un ciudadano en poner la denuncia, pero sí creo que las facultades de la fiscalía pueden cambiar, modificarlas para que puedan acceder a la investigación sin que haya una denuncia de por medio. Lo hay en otros tipos de delitos, entonces, por supuesto que no es ajeno a que pueda suceder”.

Respecto a la superposición de atribuciones entre Marina y Conapesca, Mata Lozano dijo que se comprometió con empresarios a tener una mesa de trabajo para analizar cada una de las situaciones.

“Todas las afectaciones, en todos los aspectos y que se está haciendo para el sector pesquero. También en el análisis de las iniciativas que presentó el presidente, para desaparecer las instituciones, va la CONAPESCA para desaparecerla como institución”.

Entonces, por supuesto que hay afectación constante en materia penal, en el tema de iniciativa del Ejecutivo Federal y ahora también en superposición de atribuciones. Nuestro compromiso es hacer una mesa de trabajo y poder generar este análisis parlamentario para modificación de ley.

Ensenada.net