No es un tema que atañe solo a políticos o empresarios, afecta a todos y cada uno de los miembros de la ciudad, de ahí la importancia de que se retroalimente a la sociedad, porque será el instrumento de planeación para los próximos 10 años destacó Julio Salinas López, Presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada.
El alcalde Armando Ayala ha tenido como pocos la oportunidad de llevar a cabo un documento consensado y revisado no solo por el Ayuntamiento, sino por el Estado y colegios de ingenieros o cámaras de vivienda, industria, y organismos empresariales, pero lo desaprovechó hasta ahora.
El proceso para desarrollar el PDUCPE fue apegado a la ley, hasta el momento de la consulta pública y la entrega y recepción de propuestas de al menos 70 interesados entre organismos y particulares.
“El proceso para la publicación del PUCP se basa precisamente de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano y ahí indica que después del proceso de la consulta pública y todas las observaciones y comentarios que se hicieron en ella, del Estado interesados o privados los atiende en este caso el Instituto Municipal de Planeación”.
‘El documento tiene que llevar un proceso o una metodología de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. En este caso el instituto se apegó a lo que dicta la ley general de asentamientos humanos y ordenamiento territorial donde establece una metodología simplificada, con ciertos lineamientos”.
Pero se hizo con bases y metodología federal sin que se ajustaran a las que se encuentran vigentes en el Estado y en sus leyes, lo que se señaló en su momento.
“En este caso, no hay un convenio de colaboración entre el gobierno del Estado y el gobierno federal para decir que lo que hagas tu Federación te lo acepto y lo publico de ahí que se debieron adecuar la metodología o los procesos de elaboración del documento de planeación, como indica la Ley desarrollo Urbano del Estado Baja California.
Esto implica, qué si se quieren aportar los lineamientos o la metodología federal, lo pueden hacer pero con un proceso estatal. Pero cuando salió el documento a la consulta pública no se dio así. Entonces, algunos organismos empresariales, como el que yo represento, se le dijo al IMIP y se le mandó copia al COPLADEM, a la Secretaría General de Gobierno del Municipio y a la SIDURT, sin respuestas.
Agregó que se presentó el documento inicial y entonces hubo mucha presión social y empresarial, no nada más del empresario o “porque nada más existan algunos intereses, como se dice por ahí, particulares, sino que es el bien común”.
Cuando observamos hacia dónde va el desarrollo de la ciudad, no se puede permitir que ciertos lineamientos se apliquen.
Ejemplificó: que se dicte conservación en todo el litoral costero cuando todos sabemos que en este ya se tienen actividades portuarias, turísticas inmobiliarias, no es correcto.
“¿Cómo es que viendo tú como autoridad municipal, que es así, permites eso? Entonces, algunos obviamente que son propietarios hacen observaciones porque están afectando sus intereses ¡claro que están interesados!”
“Pero también estás coartando el desarrollo por el lado de usos de suelo, e inversión en los particulares privados y no viene claro hacia dónde va la inversión de infraestructura de cabecera como agua potable, vialidades secundarias, primarias. ¿Cómo las vas a hacer? ¿Por dónde se van a ir? ¿Cuáles son las primeras, las segundas, las terceras?”
Recordó: “Eso no está establecido en el primer documento que salió a consulta pública. Y no se conoce el borrador del segundo documento que se le ha solicitado al organismo encargado de la planeación, que es el IMIP donde nos han indicado, que ellos no tienen el documento.
“Como bien dijo el alcalde, se mandó al ayuntamiento, solicitud a través del Consejo Coordinador Empresarial se solicitó una copia de ese documento y el COPLADEM contestó que no estaba facultado para entregarlos.
¿Qué pasará si se publica como en estaba en el primer documento?
Si ellos decidieron que sí, finalmente lo que va a resultar es en una mayor afectación a una ciudad porque va a generar un tema jurídico legal, que va a ser muy complicado incluso para la propia autoridad.
El PDUCPE debe ser un instrumento regulador que facilite la toma de decisiones, tanto privadas como públicas y entrar en ese esquema, se convertirá en una cuestión de choque y generará controversias, van a venir amparos en lo particular, pero controversias en lo macro.
Pero no solo eso podría implicar que proyectos de inversiones que se tienen en puerta para la ciudad no se den y esto implica dinero y empleos.
Ejemplificó: “Si queremos que se haga una vialidad, se amplíe el libramiento, si no viene establecido en el programa de desarrollo urbano, porque no pasa por el área de estudio, entonces esas inversiones, la parte federal, dirá no porque en la planeación no viene.
“Otro es el tema hídrico, si nosotros no consultamos hacia dónde va el crecimiento de la ciudad, dónde están las áreas de reserva industrial o de reserva habitacional y no prevemos que ahí debe haber un tanque regulador, una planta de tratamiento o las líneas moradas que conocemos como aguas servidas o tratadas, si no tenemos una proyección una visión al 2030, como estaba en el documento, pues se van a caer cualquier intento de inversión o se alargará innecesariamente”.
Recordó que el ayuntamiento es el que ejerce lo que hace en su territorio de acuerdo a la Constitución y caerá en un limbo de tomas de decisiones en el cual va a ser lo que ellos creen y se sujetará a ideas, no a planes concretos.
Se está perdiendo una gran oportunidad de dejar la ciudad con una visión y reglas claras, de cómo crecer donde cada paso desde programar obras públicas o privadas hasta obtener recursos, y permisos, sea sencillo, pero por ahora, no hay un panorama claro de que ocurrirá.