La forma de interpretar la unificación de sobretasas al impuesto sobre nómina, no es correcta por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado, que desconoce y discrimina el origen de ese gravamen que fue a iniciativa del sector privado estatal para el financiamiento de los proyectos de desarrollo económico.

Héctor Contreras Luengas, Presidente del Consejo de Desarrollo Económico del Estado, cuestionó la falta de memoria o desconocimiento de la autoridad fiscal respecto a ese impuesto. “Debiendo ser el gobierno en cualquiera de sus tres niveles el preocupado por los estudios para los proyectos de desarrollo, coincidimos que el sector privado podría contribuir a través de una sobretasa al impuesto sobre nómina”, recordó.

Ello ocurrió durante el periodo del entonces gobernador del Estado, Alejandro González Alcocer, razón por la cual, los siguientes gobiernos estatales siempre tomaron en cuenta al sector empresarial de Baja California, exceptuando las últimas dos administraciones.

Por otra parte dijo que el empresariado de Baja California está de acuerdo en unificar esfuerzos con la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, para gestionar ante la federación la asignación de recursos y obras de infraestructura que necesita Baja California.

La gobernadora debe sentir el respaldo de la iniciativa privada en este propósito, que es el objetivo común de todos, reiteró.

Por eso, explicó, no pueden eliminarse las sobretasas. “Las sobretasas impuestas deben ser etiquetadas a necesidades y tiempos específicos (pero), al llevar el impuesto a un incremento generalizado y a la ley hacendaria, esto implicaría perder cualquier posibilidad de eliminación de las sobretasas una vez cumplidas las necesidades para las cuales fueron establecidas”.

A eso se debe que la sobretasa impuesta en el 2023 “establecía que no impactaría a las empresas con menos de 50 empleados, pero con el nuevo impuesto propuesto impactaría a todos en general”.

Contreras Luengas sostuvo que “hoy no estamos siendo competitivos, y la generación de nuevos empleos está siendo comprometida, e incluso la pérdida de empleos existentes y las decisiones de empresas por crecer en otras entidades en vez de Baja California, ahora siendo el Estado con la tasa de impuesto sobre nómina más alta del país.

Informó que “en principio sí se trata de un nuevo impuesto”. Según Hacienda, vamos a pagar lo mismo, “pero no se trata que nos cobre lo mismo, es que las consideraciones de una sobretasa a un impuesto general, cambian totalmente”.

Baja California tiene ante sí nuevos retos para su desarrollo económico que convocan a todas las partes a trabajar en el diseño de nuevas políticas públicas, que ayuden al Estado a obtener el lugar que le corresponde como motor de la economía fronteriza, exhortó.

Contreras Luengas lamentó el tiempo perdido en esta diferencia con las autoridades hacendarias del Estado y urgió a todos los actores -gobierno y sector productivo- a trabajar conjuntamente en proyectos que estimulen la inversión y se aproveche la coyuntura del “Nearshoring”.

"En estos momentos deberíamos estar utilizando nuestra energía y experiencias para aprovechar en consolidar políticas públicas promotoras, que nos permitan atraer a las empresas que buscan relocalizarse, como ocurre en otros estados de la república", invitó.