Inconsistencias en materia jurídica y técnica han sido encontradas en la revisión del Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, (PDUCPE) por miembros del Consejo Consultivo Económico de Ensenada, (CONSULTEN) cuyas observaciones serán presentadas en la consulta pública que realiza el Ayuntamiento de Ensenada.

Julio Salinas Presidente de CONSULTEN, precisó que ha sido un examen minucioso que será presentado antes del 17 de mayo, que concluye dicha consulta y en el mismo se realizarán observaciones en algunos puntos que pueden dificultar su aplicación.

Apuntó que en la parte jurídica se ha encontrado controversias entre la interpretación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y desarrollo Urbano (Federal) y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y desarrollo Urbano del Estado de Baja California.

Si bien desde ordenamiento jurídico, la Ley Federal está por encima de la estatal, también es cierto que el Gobierno del Estado es Libre y Soberano de

se deben atender sus procesos.

En este caso, actualmente el Estado no ha concluido las adecuaciones a la Ley General de Desarrollo Urbano, para alinearla con la Ley de Asentamientos Humanos mientras se desarrollaron los documentos municipales con estructura federal.

Se ha encontrado en el diagnóstico que el documento no es claro, no están claras las propuestas, estrategias y líneas de acción para el desarrollo urbano de Ensenada.

Tampoco esclarece usos y destinos del suelo en el territorio e interpreta a nivel barrial dichos usos y destinos, pero sin aclararlos.

En el documento del PDUCPE, el IMIP, indica que se deberá ir con ellos (barrios) y hacer un estudio de impacto urbano, dependiendo de la modalidad y en ponderación de densidades, lo que significa la cantidad de viviendas o metros cuadrados permisibles en una situación territorial, o la parte ambiental paisajística o de vocaciones.

Eso provoca una situación específica que da al IMIP la autoridad para determinar hacer y sancionar estudios de impacto urbano, pero no es correcto.

Además, inhibe el desarrollo integral sustentable porque – ejemplificó - se tienen proyectos en zona de línea de costa con una vocación turística y lo vuelven de conservación, lo que significa que no permite alta densidad, baja densidad y no permite actividades de infraestructura en esa demarcación.

Esto afectaría a propietarios en el lugar.

Uno de estos ejemplos es El Sauzal, donde se tiene delimitado como industria, pese a que hay turismo, vivienda, comercio, e industria de otro tipo como software y otros.

No hay uso mixto, áreas de amortiguamiento no se definen, al igual que la logística o la movilidad.

También en las propuestas la estructura vial de la ciudad se modificó y podría afectar.

Vialidades primarias, a desarrollar 20 a 30 años como pares viales fueron eliminadas.

Conectividad entre sector sur y norte sigue con la misma problemática sin desarrollo de pares viales como el Bulevar 2000, calle Tercera de Chapultepec y otras que permitirías desfogar la Reforma.

Además no existe un Consejo Técnico que retroalimente el documento, solo un Consejo Administrativo del IMIP.

A ello se suma además la situación de usos y destinos de estrategias para desarrollo urbano, que no vinculan el desarrollo económico con el urbano.

Estos puntos y otros aún en revisión se plantearán en el documento final que se entregará para dicha consulta.