El Diario Oficial de la Federación publicó el pasado viernes 9 de septiembre, en su ejemplar vespertino, el decreto que militariza la seguridad en México con la
incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. (SEDENA), bajo el mando de Luis Cresencio Sandoval.
En el documento se plasman una serie de reformas donde se da el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional al ejército mexicano en un decreto que entró en vigor a partir del sábado 10 de septiembre.
Establece que el personal militar asignado a la Guardia Nacional continuará sujeto a la jurisdicción militar respecto de los delitos especificados en el Libro Segundo del Código de Justicia Militar que atenten contra la jerarquía y la autoridad.
El decreto, en cuestión, reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
Establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana transferirá a la Sedena, dentro de un plazo de 60 días, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales, gastos de operación de la Guardia Nacional y recursos materiales destinados a su operación.
El personal de la extinta Policía Federal dejará de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, por lo que seguirá bajo su adscripción, conservando sus derechos laborales adquiridos.
La Secretaría de Marina, ésta también deberá de transferir a la Sedena recursos financieros y presupuestarios para cubrir los servicios del personal naval que se transfiera a la Guardia Nacional y los elementos que así lo decidan tienen 60 días para regresar a las bases navales.
La publicación del decreto que realizó solo unas horas después que el Senado aprobó el controvertido proyecto.
